Es este fin de año nuestra comunidad universitaria toda se ha visto gravemente afectada por la inaudita decisión de las autoridades de la UNQ de producir cesantías y rescisiones contractuales de -hasta ahora- 21 compañeros docentes y por lo menos 30 no docentes.

Este comportamiento revela la más absoluta falta de criterio académico y de respeto por el marco institucional y normativo de la universidad, la ausencia de toda sensibilidad social, y la total ceguera acerca del contexto social y político por el que está atravesando el país. Decisiones de este tipo vulneran gravemente los más elementales criterios de solidaridad con los integrantes de la universidad, rompen la imprescindible confianza del conjunto de los integrantes de la institución en los responsables de dirigir los destinos de la universidad y dañan la sustentabilidad de un proyecto académico basado en el protagonismo y el compromiso de todos los miembros de la institución, que hasta la fecha ha sido la propuesta explícita de nuestra universidad.

El "ajuste" de personal no obedece a ninguna causa presupuestaria, ya que todavía no hay decisión sobre el presupuesto universitario nacional. Nuestra universidad tiene el triste privilegio de ser la única que ha tomado medidas de achicamiento en este aciago fin de año.

Tampoco obedece a una depuración de personal excedente o con bajos rendimientos, ya que todos los despedidos han desempeñado sus tareas con normalidad, cumplen con funciones absolutamente necesarias para la universidad, han obtenido satisfactorias o excelentes evaluaciones personales por parte de las instancias creadas por la UNQ para tal fin y no han sido notificadas con anterioridad respecto de cuestionamientos sobre su desempeño académico.

Por otra parte, no se han brindado justificaciones formales o informales acerca de la situación ni se ha dado participación en la discusión ni en la toma de decisiones a los cuerpos orgánicos y a los representantes de los distintos claustros.

Se trata entonces de una decisión injustificada, errónea, intespestiva y unilateral cuyas verdaderas motivaciones permanecen ocultas, y sus responsables y mentores encubiertos.

Entre las causas que pueden "explicar" esta decisión inconsulta de las autoridades, cabe preguntarse si el achicamiento obedece a problemas económicos no generados por las conocidas reducciones presupuestarias -ya absorvidas con recortes de gastos desde 1999-, sino a déficits o quebrantos originados en desiciones tomadas por la misma universidad y que las autoridades deberían explicar con claridad.

Por otra parte, y según los testimonios de varios de los compañeros afectados, han primado criterios discriminatorios y persecutorios en contra de aquellos que han manifestado alguna clase de disenso o diferencias de criterio con algunas de las autoridades superiores de la universidad.

Esto se refuerza por el hecho de que, simultáneamente con las cartas y telegramas donde se anuncia el cese de contratos, se han enviado a numerosos profesores una serie de cartas personales en donde se afirma que un "Comité Ejecutivo de la Universidad" compuesto exclusivamente por las autoridades de la misma se arroga el derecho de evaluar los desempeños y el "valor diferencial" que aporta cada uno de los destinatarios. Esto supone una ruptura con la sana práctica de la universidad de realizar una cuidadosa evaluación externa tanto del personal docente como de los proyectos de investigación, y da lugar a toda clase de sospechas acerca de los criterios de parcialidad que rompen con el criterio de excelencia académica, alimentando el favoritismo, la discrecionalidad y un esquema de disciplinamiento basado en la determinación de "réprobos" y "elegidos", triste analogía del patrón de inclusión/exclusión cuya vigencia ha llevado poco menos que a la destrucción de nuestro país. A nadie de le escapa que los elegidos de hoy seguramente serán los réprobos de mañana, y que sobre esas bases es imposible asegurar la continuidad del proyecto académico de excelencia.

La falta de transparencia en la toma de decisiones y la ausencia de fundamentos suficientes también contribuye a crear la impresión de falta de coherencia entre las autoridades y la sospecha de que tales decisiones han sido impulsadas por un sector y no tienen total consenso o apoyo del resto.

Por último, vale recordar que en la última asamblea universitaria, el día 15 de diciembre de 2001, se votó por unanimidad -incluyendo los votos del Rector y los vicerrectores presentes-, una declaración presentada por ADIUNQ donde se condenaban las políticas de achicamiento vigentes en todos los ámbitos del país, y que sostenía entre otros conceptos:

El desafío para nuestra Universidad, y todos sus integrantes, Autoridades, Docentes, No Docentes y Alumnos, es resistir el ajuste y lograr sostener el proyecto académico y científico que ha identificado a la Universidad de Quilmes en la comunidad educativa nacional. Lo peor que podría ocurrir es que nos resignemos a convalidar el ajuste y la destrucción de la Universidad Pública que se encuantra inmersa en el mismo.

[...] Convocamos a todos los integrantes de la comunidad universitaria a mantenerse en estado de alerta y movilización para intentar evitar los próximos ajustes que puedan sobrevenir.

Por todo lo expuesto, la ADIUNQ y la CONADUH repudian las medidas de achicamiento de personal y la actitud de los responsables y mentores de las mismas y están iniciando acciones legales y gremiales individuales y colectivas conducentes a defender los derechos afectados.

Asismismo, por medio de la presente exigimos al Rector que se reviertan estas decisiones que hieren gravemente la armonía de la comunidad universitaria y que se arbitren los medios para restablecer la vigencia de criterios de equidad, racionalidad, transparencia y solidaridad en nuestro ámbito laboral.

ADIUNQ
4 de enero de 2002