Ya en los '80, el Banco Mundial impuso sus lineamientos para que la educación superior en América Latina cambiara sus objetivos a fin de reducir el gasto. Además de cambios en los planes de estudio (ciclos de formación consecutivos independientes, carreras de menor duración, ¿no les resulta conocido?), una de las exigencias es terminar con la gratuidad de la Universidad Pública. Quién financia exige resultados, pero lo que es más grave, condiciona las políticas educativas y de investigación, el proyecto de país.
    Desde hace más de diez años que los sucesivos gobiernos en nuestro país han propulsado el vaciamiento del sistema educativo por medio de recortes presupuestarios, reestructuración salarial docente y políticas de ingreso restrictivas. Sumado a la falta de políticas de promoción del egresado y de un sistema de becas sociales que retenga a los alumnos con dificultades económicas, la Universidad Pública se encuentra hoy en peligro.
   Las estrategias para terminar con la gratuidad de la educación superior son variadas: se habla de impuestos a los padres de universitarios, de bono contribución, de cooperadoras, o directamente de una cuota obligatoria. Más allá de las variantes, la intención es clara: hay que pagar. Pagar para poder estudiar. Y si tenés suerte y podés terminar, el día en que seas profesional también vas a pagar, como forma de retribuir al Estado por los servicios prestados. ¡Como si nos estuvieran haciendo un favor y no fuera su obligación!
   ¿Porqué tenemos que pagar para poder estudiar? Si ya lo estamos haciendo al pagar los impuestos, al comprar una gaseosa, con cada cosa que consumimos estamos contribuyendo al Estado.
   Y ahora, ese dinero, ¿Adónde va a parar? A los bolsillos de los dirigentes que por un lado hablan de desequilibrio fiscal, de combatir el desempleo, de recobrar la confianza en el país y por el otro recortan fondos destinados a acción social para poder pagar los intereses de la deuda, dejan que diariamente despidan a miles de trabajadores, y "discuten" como hacer para que paguemos para acceder a la educación superior. Esos mismos, los responsables de la deuda externa, de la desindustrialización, de la precarización del trabajo y la salud, pretenden seguir robándonos. Si se redujera, aunque sea unos puntos, la evasión de los grandes deudores (cómplices e ideólogos de estas políticas), se lograría un efecto mucho más profundo y efectivo: pagan quienes tienen que hacerlo. Pero obviamente no es la intención.
   Lo que se busca es que solo unos pocos puedan acceder a la Universidad; para tener un pequeño grupo de elite con el conocimiento, formados según las "necesidades del mercado", y una gran masa de gente con escasa o nula formación, y por lo tanto, fácilmente reemplazables, lo que facilita la explotación, que lamentablemente es moneda corriente en el campo laboral. Porque un arancel en las Universidades no soluciona el problema del financiamiento de la educación. En los paises que tradicionalmente tienen educación paga, la proporción que corresponde a la paga del arancel es ínfima, el Estado tiene que hacerse cargo de igualmente de mantener las universidades.
   No se puede pensar en un proyecto serio de país sino tenemos políticas de fortalecimiento de la educación, donde el estado asuma su responsabilidad. No tenemos país si dejamos que la educación sea bastardeada y manoseada por los que dictan las reglas de mercado. Un mercado que necesita para autosustentarse una gran masa de mano de obra barata, sin eduación, sin posibilidad de progreso y excluídos permanentemente.

Ni Impuesto, ni arancel, ni cuota solidaria
Mayor presupuesto para Educación

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